Jueza Daniella Camacho en periodo de deliberación en el Caso Sobornos 2012-2016

Tras varios días de audiencia preparatoria de juicio, en la cual la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, solicitó a la jueza Daniella Camacho que llame a juicio a los 24 ciudadanos por el presunto delito de cohecho en el Caso Sobornos 2012-2016, este lunes 25 de noviembre concluyeron las intervenciones de las partes procesales. La jueza Camacho señaló que analizará toda la información presentada en la diligencia e informará oportunamente la fecha y hora en las que dará a conocer su decisión.

El lunes fue el décimo primer día de audiencia, donde la Fiscalía realizó la réplica a los argumentos presentados por los abogados defensores, que solicitaron el sobreseimiento de sus representados y la ratificación de su estado de inocencia. Asimismo, la Procuraduría General del Estado, en su calidad de acusador particular, tuvo la oportunidad de refutar las teorías de los procesados.

La fiscal Salazar, luego de su réplica, se ratificó en su pedido de llamar a juicio a los 24 procesados pues cuenta con suficientes elementos para convencer al Tribunal sobre la comisión del delito. "Lo que nosotros hemos dicho es que es precisamente esa la actuación de las estructuras y organizaciones criminales: que los líderes desde atrás simplemente ordenan y disponen la realización de los fines de la organización. Es por eso es que se traen los ejemplos, para que se pueda entender que a un conocido líder de una organización narco delictiva nunca se lo va a encontrar transportando un kilo de droga. Así mismo es lo que hemos visto en este caso que los líderes simplemente disponían y organizaron de tal forma para que los fines de la organización se puedan cumplir", explicó Diana Salazar.

Fiscalía basó su acusación en un total de 837 elementos de convicción, recabados durante la instrucción fiscal y presentados a la jueza Camacho, con los que se determinó la aparente existencia de una estructura conformada por funcionarios públicos y empresarios privados. Estos últimos habrían entregado dinero (en efectivo o a través de cruce de facturas), para ser beneficiarios de contratos con el Estado.

Las pericias realizadas señalaron que los sobornos, durante este periodo, llegarían a 7’791.588 dólares. Esta cifra fue utilizada por el procurador Íñigo Salvador para solicitar una reparación integral al Estado por el triple del monto, es decir, 23’374.764 dólares.