Doris Soliz rechaza denuncia en el Caso Coopera
- Daniela Coral Castillo
- 6 nov 2019
- 2 Min. de lectura

La mañana del martes 5 de noviembre del 2019, la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia presentó una denuncia por peculado, en contra de la asambleísta por Azuay, Doris Soliz. La Secretaría pidió a la Fiscalía que se inicie una investigación en su contra dentro del caso de la Cooperativa “Coopera”.
La asambleísta del ala correísta, rechazó la denuncia presentada. por haber autorizado la compra de bienes a una cooperativa liquidada, cuando en 2014 cumplía el cargo como Ministra de Inclusión Económica y Social. Soliz aseguró que lo que hizo fue aprobar que el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) participara de una licitación pública para la compra de granjas y tiendas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito (Coopera) en la provincia del Azuay, misma que fue cerrada hace seis años y se realiza una investigación.
El caso “Coopera” empezó en 2013, cuando una auditoría evidenciara movimientos económicos inusuales en esa Cooperativa de Ahorro y Crédito y el 11 de junio de ese año su gerente fuera detenido por un delito de lavado.
La asambleísta señaló que “Esto no es peculado. Esto está amparado en la Ley de Economía Popular y Solidaria”, aunque la Secretaría aduce que "aparentemente, no existe base legal que sustente esa transacción". Soliz se refirió a esta denuncia a través de un comunicado. Allí dijo que “está dispuesta a mantener las reuniones que sean necesarias con todas las autoridades correspondientes para aclarar el proceso durante su administración como Ministra de Inclusión Económica y Social”.
Por su lado, la Secretaría Anticorrupción confirmó que ha entregado documentos sobre este caso solicitando a la Fiscalía General del Estado que investigue a Solis por presuntos delitos contra la administración pública. “La investigación penal debe esclarecer por qué la máxima autoridad del Ministerio aprobó al IEPS realizar esa transacción”, indicó ese organismo. La Secretaría también detalló que para esa compra se destinaron unos USD 10,2 millones y que “esta adquisición posteriormente pasó a la cooperativa Prograserviv, organismo de derecho privado creado para el efecto”.
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