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Falta de recursos económicos pone en riesgo el servicio de justicia


La mañana de este martes 21 de julio del 2020, el Consejo de la Judicatura (CJ), mediante una rueda de prensa pidió al ministerio de Finanzas que asignen los recurso que le corresponden con el fin de garantizar el servicio de justicia, ya que la no asignación se considera como obstrucción de la justicia.



Por ello el vocal Juan José Morillo, enfatizó que la falta de asignación de recursos comprometería la realización de videoaudiencias desde el 15 de agosto y afectará gravemente a procesos de adquisición de equipamiento.



El CJ señala que los recortes presupuestarios y sistemáticos realizados por el ministerio de Finanzas superan los USD 19’500.000 y existe una modificación adicional de USD 1`200.000, lo cual quita capacidad de gestión y operativa a la Función Judicial. Además según el director General del CJ, Pedro Crespo, estas afectaciones limitan el nombramiento de personal jurisdiccional, compromete partidas de remuneraciones, aporte patronal, fondo de reserva, décimo tercer y décimo cuarto sueldo a nivel nacional e imposibilita el reintegro de funcionarios.


Además, indicaron que debido al recorte presupuestario por parte del Gobierno, el CJ ha despedido a 691 servidores judiciales en el 2019 y ha eliminado 120 coordinaciones en el último mes, lo cual afecta a la capacidad de respuesta a la ciudadanía.



Adicionalmente, los recortes afectan el pago de USD 2´480.000 a proveedores de obras, bienes y servicios, e impide cumplir con la ley para la erradicación de la violencia dificultando la vinculación de equipos técnicos y la adquisición de implementos.

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